Cuando se “juega” con un niño…

No han sido pocos los casos conocidos en el mundo de abusos lascivos y sexuales y hasta de maltrato de menores, y aunque en Cuba se registran cifras muy bajas en comparación con otros países, no es menos cierto que aquí, donde un niño es lo primero, también tienen lugar actos de violencia de este tipo, los que atentan contra su normal desarrollo, e inciden en el pequeño, no solo desde el punto de vista físico sino también psicológico.

Se trata de un delito muy grave, tipificado por la ley y ante el cual somos intransigentes pues para nosotros el bienestar y la integridad de un menor es vital. Lo lamentable es que en la población cubana la percepción de riesgo al respecto sea tan baja y muchos vivan ajenos, afirma la teniente coronel Niurka Ronda Fernández, directora del Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de La Habana, de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior.

La existencia de este Centro en la capital desde el 2005, y de sus similares en Santiago de Cuba y Villa Clara, explica, responde precisamente al hecho de que se necesita del testimonio del pequeño y del adolescente para desarrollar el proceso penal contra el agresor y, por tanto, deben ser atendidos de manera especial.

“El intercambio con el menor es vital para la resolución del caso, pues su testimonio es imprescindible para confirmar el delito, sobre todo cuando se trata de abuso lascivo o sexual, amenazas o corrupción, porque en los relacionados con actos de maltrato, casi siempre aparecen huellas físicas en su cuerpo o existen testigos del hecho.

“En estos centros recibimos a menores de 16 años o mayores de esta edad, en caso de que el hecho haya acontecido antes o de que la edad cronológica no se corresponda con la edad mental. Nuestro objetivo es disminuir la victimización secundaria, es decir, evitar que los menores, que ya han sido víctimas del hecho violento, lo sean además del proceso penal y, en ese sentido, son estos los lugares establecidos para que se trabaje con él”, añade Ronda Fernández.

El primer paso, detalla la especialista, es realizar la denuncia en la estación de policía, en la que no tiene que presentarse el niño. Allí, el oficial de prevención de la Dirección de Menores se encarga, inmediatamente, de protegerlo y es quien coordina con el centro, para la atención y resolución del caso.

Luego, el equipo multidisciplinario, conformado por psicólogos, sociólogos, médicos, juristas, sexólogos, instructores y defectólogos (para el tratamiento de niños discapacitados o menores de cuatro años), tiene la misión de colegiar el procedimiento que se seguirá con el niño, qué tipo de preguntas se le realizarán —no inductivas— en correspondencia con su edad y desarrollo mental y con el caso del que fue víctima.

“Antes de efectuarse la entrevista (exploración), un psicólogo trabaja con el menor para tener constancia de que está en condiciones de hablar y de que no es necesario remitirlo a una consulta de psiquiatría, por ejemplo, en el propio centro, para esperar a que esté listo, como sucede en algunos casos. Al mismo tiempo los sociólogos hacen trabajo de campo, buscando toda la información necesaria que contribuya a la resolución del caso, con los vecinos, la familia y personas allegadas a estas.

“Esa entrevista se realiza en salones de juego con los que contamos en el centro, con la intención de crear un clima de empatía y confianza entre el menor y el instructor. Se pueden realizar distintas técnicas como la del dibujo, la que resulta muy viable pues generalmente los niños reflejan sus deseos y temores en lo que pintan, en los colores que emplean, las dimensiones, los trazados.

“Lo novedoso del procedimiento, desde el surgimiento del centro, es que esa “conversación” se graba con nuestros medios técnicos y se utiliza como una prueba documental en el juicio, lo que exonera al menor de comparecer en él, como sucedía anteriormente. Además, en ella se registra no solo lo que el menor dice, sino también lo que refleja su estado de ansiedad, su rostro, sus gestos, de manera espontánea, mientras relata lo sucedido y de ello tiene constancia el fiscal que siempre está presente del otro lado de la habitación, junto a los equipos, para velar por el interés superior del niño”, explica Ronda Fernández.

Pueden padecerse algunas dificultades en el proceso, agrega la directora del centro. Cuando el maltrato o el abuso sexual son de origen intrafamiliar, es decir, por parte de algún miembro de la familia o muy allegado a esta, que es lo más común, resulta más difícil que el menor hable. También inciden otros factores como la edad, pues los niños más pequeños no se sienten víctimas del hecho y lo cuentan como parte de un juego, no así con adolescentes, por ejemplo, que sienten más penas y temores, pero siempre se logra.

“Estos hechos están pautados por la violencia de género y los agresores son, generalmente, hombres y sus víctimas son niñas, aunque también aparecen casos contra niños y de mujeres agresoras, en el rol de corruptoras de menores.

“Es importante señalar que cualquier acto de violencia que atente contra el normal desarrollo del niño, entiéndase, abuso sexual o cualquier otra forma de maltrato infantil, no es privativo de un hogar disfuncional o de personas con bajo nivel cultural. Estos casos pueden darse en el seno de cualquier familia y los agresores no llevan carteles en la frente que los identifiquen como tal.

“Nuestro trabajo, además, no se circunscribe a hallar las evidencias de confirmación del delito mediante el trabajo directo con los menores, como se ha explicado. Les damos tratamiento y seguimiento después durante un período de tiempo, teniendo en cuenta la repercusión psicológica que tienen en ellos estos hechos, y evitamos así la reproducción de estas conductas, como sucede en quienes fueron víctimas de estas y no fueron tratadas, según alertan algunas investigaciones”, concluyó Ronda Fernández.