I Periodo Ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Minuto a Minuto)

Comenzó este jueves el primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPPP) en su X Legislatura con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Esta sesión se realiza con el más del 95% de los diputados en la sala y tiene como antesala el trabajo de las comisiones de parlamentarios que discutieron 85 temas relacionados con el comportamiento de la economía y con el bienestar de la población, informó al darle inicio, el presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández.

Su agenda está marcada por un el análisis de temas socioeconómicos fundamentales para el país, el cumplimiento de las directivas generales para el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales; y la discusión del proyecto de ley del Código Penal Militar.

Se trata de un documento que responde a las recomendaciones realizadas por el propio Parlamento en su VII y VIII Legislatura al Tribunal Supremo de Justicia ante la urgencia de afrontar un estudio integral del sistema de justicia penal.

Asimismo, la necesidad de garantizar la prevención social, la preservación del orden público, la disciplina, la tranquilidad y seguridad ciudadana, a decir por el propio texto, justifica su presentación para mantener “ la debida armonía y correlación con lo aprobado en el ámbito común, la legislación procesal penal, en general, y con el perfeccionamiento de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, lo que incidirá directamente en el fortalecimiento de la justifica militar y la capacidad y disposición combativa de las instituciones armadas”.

También se examinará la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada por la ANPP en mayo del pasado año. De igual forma los parlamentarios revisarán los resultados del cumplimiento de las directivas generales para enfrentar el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales y analizarán el Proyecto de Acuerdo que regula su vínculo con los electores en el territorio donde resultaron elegidos.

 

Por otra parte, se debatirá sobre la Política Integral de Atención a la Niñez y Juventudes, las medidas adoptadas para el control de precios y la situación actual del sistema energético del país y se dará a conocer el comportamiento de la economía en el primer semestre del año.

En los días previos, los diputados reunidos en distintas comisiones abordaron temas políticos, económicos y sociales cruciales para el futuro a corto y mediano plazo del país y se prevé la materialización de acciones concretas que satisfagan las necesidades de cada uno de los territorios del país.

 

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Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, informó que están presentes en la sala más del 95% de los diputados, por lo que existe el porciento de asistencia necesario para iniciar la sesión. Seguidamente dio lectura al cronograma de trabajo.

Se ha trabajado intensamente en la preparación de esta sesión, dijo, y agregó que durante el trabajo de las comisiones se discutieron 85 temas relacionados con el comportamiento de la economía y con el bienestar de la población, proponiendo que algunos acuerdos sean ratificados por la Asamblea.

SE APRUEBA NUEVO CÓDIGO PENAL MILITAR

Al realizar la presentación del Proyecto ante el Parlamento, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, indicó también que con la aprobación culmina el perfeccionamiento del sistema jurídico penal y cierra el ciclo de la constitución de la plataforma legal que da pie al ejercicio de la justicia penal en el país, en este caso en el ámbito militar.

La propuesta -destacó Rubén Remigio- tiene el propósito de actualizar las regulaciones vigentes en esta materia, garantizar la previsión social, la preservación del orden y la disciplina militar y social, la tranquilidad ciudadana conforme presenta la carta magna

También busca mantener la armonía y correlación con el Código Penal vigente aprobado para el ámbito común, la legislación procesal penal y con el perfeccionamiento de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y del Interior (Minint).

Estructurada en 2 libros, 10 títulos, 19 capítulos, 31 secciones, 60 artículos, 3 disposiciones especiales e igual número de finales su conformación partió de un diagnóstico resumido en 15 deficiencias para cuya solución se plantearon 13 respuestas.

Ellas se basaron, de acuerdo con la Comisión Redactora, en “una amplia bibliografía nacional e internacional que incluyó legislación militar de otras naciones afines, los tratados suscritos por el Estado cubano vinculados con la propuesta, otros documentos derivados del desarrollo progresivo del Derecho Internacional en lo que concierne a las actuales tendencias del delito, el tratamiento al delincuente y la justicia penal, y los referentes normativos comparados, en los que tuvieron preponderancia lo del entorno iberoamericano por sus aproximaciones a nuestra tradición jurídica”.

Como resultado del proceso de debate y consulta con los diputados fueron recogidas 63 propuestas, de las cuales 51 fueron aceptadas y 12 desestimadas por causas que se les explicaron debidamente a los legisladores.

A partir de la publicación en el sitio web del Parlamento, se recogieron 34 observaciones hechas por la población, convertidas en 30 propuestas, de las que se aceptaron unas 14.

APRUEBAN LEY INTEGRAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUDES

El vice primer ministro, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, al presentar la propuesta significó que esta se corresponde, además, a la necesidad de transformar la legislación vigente, en correspondencia con la Constitución de la República aprobada en 2019, y con los principios fundamentales que ratificó el 8vo Congreso del Partido.

La Política –puntualizó el dirigente– se orienta a articular a todos los factores que intervienen en la atención y protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cubanos, en todas las etapas de su vida y cualesquiera que sean sus condiciones, al tiempo que transversaliza sus derechos y concibe a las nuevas generaciones como actores estratégicos del desarrollo del país.

Resaltó que las primeras ideas para la propuesta se gestaron en los debates de la comunidad académica y científica del país, con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A su vez, se constituyó un grupo temporal coordinado por dos Vice Primeros Ministros y con la participación de más de 27 instituciones y organismos.

La diputada Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, al dar a conocer el Dictamen sobre la Política, significó que esta reconoce las fortalezas de las que se parte y destaca aquellas áreas que requieren mayor apoyo y trabajo conjunto de todos los sectores que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los implicados en la norma.

Destacó que su elaboración intersectorial y multidisciplinaria contó con la participación activa de la sociedad civil cubana, en particular las organizaciones estudiantiles y juveniles, al tiempo que se realizó un diagnóstico de la situación actual y la propuesta de acciones para su tratamiento y correspondientes estudios de referentes normativos comparados.

El documento –agregó– contiene una sistematización de los antecedentes, la situación actual, la situación demográfica, las potencialidades y una descripción exhaustiva de las problemáticas generales y específicas.

Asimismo, resaltó Santana Bello que resulta relevante que la Política se defina en un marco político de largo término, con acciones que se organizan desde el corto y el mediano plazo, y debe articularse con otras políticas y normativas nacionales orientadas a propiciar el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

GRUPOS QUE ABARCA LA POLÍTICA

La Política definirá como niñez las personas comprendidas desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años y como juventud, a partir de los 18 hasta los 30 años.

Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, al dar lectura al dictamen de la Política destacó que su objetivo se orienta a articular a todos los factores que intervienen en los niños, adolescentes y jóvenes cubanos en todas las etapas de su vida y cualesquiera que sean sus condiciones, transversaliza sus derechos y concibe a las nuevas generaciones como actores estratégicos del desarrollo del país.

La Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer propuso a la Asamblea encargar al Gobierno la elaboración de un plan de acción que tenga en cuenta las propuestas derivadas de su análisis e informe de los resultados de su implementación dentro de un año  a la Comisión.

También propuso que las instituciones involucradas en la implementación de esta política, diseñen el sistema de capacitación para la preparación del personal sobre sus contenidos y responsabilidades y un sistema de evaluación continua de su impacto, para asegurar su aplicación efectiva.

De igual manera, proponer a las instituciones implicadas desarrollar de manera articulada una amplia estrategia de comunicación social encaminada a dar a conocer a toda nuestra población los contenidos de la Política.

DÍAZ CANEL: LA CORRUPCiÓN ATENTA CONTRA LO MÁS SAGRADO DEL PROCESO SOCIALISTA

Al intervenir en el debate sobre el enfrentamiento a la corrupción, los delitos e ilegalidades, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, valoró de muy sincero y honesto el diálogo sostenido por los diputados sobre este tema. 

Cada una de las intervenciones expresa conocimiento de la realidad, preocupación y voluntad para perfeccionar la sociedad “con el anhelo que tenemos todos de alcanzar la prosperidad y la mayor justicia social posible que merece el pueblo cubano, como parte del proceso de construcción socialista”.

Añadió que esta legislatura se ha caracterizado por debatir temas sin tapujos y con enorme compromiso con los problemas que preocupan al pueblo. “Creo que esta tiene que ser la Asamblea Nacional que necesita el país”.

El Estado y el Gobierno cubano no pueden estar ajenos a las actividades económicas ilícitas, subrayó, ni tampoco a las manifestaciones de corrupción y los delitos que emergen de una economía paralela, sumergida y sucia, que penetra y destruye nuestra vida social.

Díaz-Canel reiteró que se debe enfrentar la actividad especulativa, la corrupción, la vagancia que tanto daño hace, la pillería, la burocracia, la mentira, la vulgaridad, la indecencia, la molestia que ocasionan los comportamientos irrespetuosos.

Hay que trabajar para la adecuada incorporación a la sociedad de ciudadanos que han cumplido sanciones penales. Por otro lado, se debe combatir la evasión fiscal, así como sancionar a aquellas personas que se benefician del mercado ilegal de divisas.

Para lograr ese propósito, valoró el presidente, será imprescindible promover el comportamiento responsable de las instituciones, de la sociedad y en particular de las familias cubanas, “que tienen responsabilidad y mucho que aportar a este combate al que estamos convocando”.

APRUEBAN ACUERDO QUE REGULA EN VÍNCULO CON LOS DIPUTADOS Y SUS ELECTORES

El diputado Homero Acosta Álvarez, secretario de la ANPP, explicó los aspectos que integran el proyecto de acuerdo que regula el vínculo de los miembros del máximo órgano legislativo cubano con sus electores, el cual fue aprobado por los diputados.

Acosta Álvarez señaló que la mayoría de los diputados no son profesionales y comparten sus labores habituales con las responsabilidades del diputado. “La Constitución dice que están obligados a desarrollar su labor en beneficio de los intereses del pueblo y mantener ese vínculo con los electores, así como atender los planteamientos críticos y explicar las políticas del Estado”, indicó.

Agregó que los diputados también pueden ser revocados si no cumplen con sus compromisos. Recordó que el 50% de los diputados son delegados de base y participan, por su propia condición, en las Asambleas Municipales. Aquellos que no son delegados de base deben planificar visitas a centros de trabajo y estudio de los lugares por los cuales fueron elegidos, para intercambiar con el pueblo y las autoridades de los territorios.

Recalcó que este vínculo entre los diputados y sus electores se debe organizar y planificar. “No todos los diputados tienen las mismas responsabilidades, capacidades o están en los municipios más cercanos por los cuales han sido elegidos. Hablamos de que al menos la visita al territorio, esos encuentros, sean cada tres meses. Hay quienes pueden hacerlo en más ocasiones”, dijo.

Por su parte, el presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, señaló que se debe tener un sistema de control para saber si los diputados están cumpliendo con su deber de visitar a sus electores. Agregó que el sistema no debe quedarse solo en la visita, sino que se deben recoger los planteamientos de la población y darles seguimiento. “El papel de los diputados es también orientar, explicar las dificultades, recoger opiniones y propuestas de la población que los eligió, y cómo resolver esos problemas”.

DIPUTADOS ANALIZAN IMPLEMENTACIÓN DE LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL

Al analizar la puesta en marcha de la normativa, a partir del informe presentado a los diputados por Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República de Cuba, se recordó la atención que han dado el Partido y el Gobierno a la seguridad alimentaria y nutricional, con la adopción de políticas en los diferentes sectores de la economía, las que se concretaron en leyes, estrategias, programas y planes.

Luego, con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución fue aprobado un grupo de políticas públicas, agrarias y alimentarias, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional.

“Pero no es la ley la que resolverá esta problemática. Es en los territorios, con producción, donde se soluciona. La ley nos da herramientas para lograr que los alimentos lleguen al plato de los cubanos, que es el objetivo”, reflexionó el vice primer ministro.

“La mirada debe ser qué más podemos hacer para alcanzar de una vez la tan necesitada soberanía alimentaria”, subrayó.

Tapia Fonseca refirió que en el año 2021 fueron adoptadas 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, que propiciaron la eliminación de trabas y flexibilizaron procesos.

“En sus inicios, tuvieron un impacto importante, y más tarde, a consecuencia de la agudización de la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo, algunas de las metas no han podido cumplimentarse o solo se alcanzaron parcialmente”.

Por eso, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba en 2020, así como su instrumentación jurídica, la Ley 148/2022, De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en conjunto con su reglamento, el Decreto No. 67 de 2022.

“Cada cubano debe comprender la necesidad de producir alimentos. Esto debe hacerse desde las mismas escuelas”, sostuvo Tapia Fonseca, y agregó que se debe realizar una revolución desde la agricultura, que incluya a todos los organismos de la Administración Central del Estado vinculados con la ley.

Los territorios con más bajos resultados al cierre de mayo fueron Holguín (22 libras/per cápita), Pinar del Río (23 lb/pc) y Las Tunas (23 lb/pc).

“Se reportan con dificultades en el abastecimiento 240 comunidades (4% del total), con las mayores incidencias en Holguín, 82 (8%); Las Tunas, 77 (18%); Matanzas, 32 (8%) y Camagüey, 16 (4%)”, informó el vice primer ministro.

Refirió que en lo que va de año, el Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar ha incorporado 100 nuevos organopónicos y se han sumado 30 000 nuevos patios y parcelas en el Movimiento Productivo Popular con las familias.

“En este programa se incorporan nuevas medidas como la transformación y revitalización de los consultorios tiendas del agricultor, la aprobación de la comercialización libre de impuesto de los productos obtenidos en los patios familiares”, señaló.

En cuanto a la conformación y atención a los polos productivos, el levantamiento realizado por la Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios (ENPA) arrojó 23 993 hectáreas a incorporar.

De un plan de creación de 5 139 módulos pecuarios, al cierre de mayo de 2023 hay 4 314, para un 84%. Las provincias de Las Tunas, Pinar del Río y Artemisa son las que presentan los niveles más bajos de ejecución.

“Falta trabajo para producir alimentos. Todos esperamos que nos manden la comida, pero no hacemos nada para producirla. Falta cultura productiva”, afirmó Tapia Fonseca.

De acuerdo con el informe, las principales deficiencias son:

-Falta de conocimiento sobre los contenidos de la ley SSAN y deficiencias en el funcionamiento de las comisiones

-En varios municipios se evidenció inadecuada articulación entre la ley y las estrategias de desarrollo local.

-En determinados casos, no se ha logrado identificar a todos los actores vinculados a los diferentes procesos alimentarios locales.

-El diseño de los programas que conforman los sistemas alimentarios locales, según lo establecido en la ley, en algunos casos no se corresponde con las demandas nutricionales que tiene el territorio y sus potencialidades para producir en el fondo de tierras disponibles.

-Es lento el proceso de creación de autoconsumos en las entidades de la producción y los servicios, que satisfaga parte de las necesidades nutricionales de trabajadores y sus familias.

-Son insuficientes los niveles de siembra y las existencias de cultivos en las viandas, fundamentalmente aquellas menos exigentes a los paquetes tecnológicos como el plátano, la yuca, el boniato y la malanga.

-En hortalizas, si bien se crece en las siembras, no se logran las producciones previstas, debido a los bajos rendimientos agrícolas.

-En el programa de granos, la falta de insumos y la presencia de plagas determinan el incumplimiento de los niveles de siembra proyectados para estos años.

-Se identifican como insuficientes las producciones de las empresas estatales agropecuarias, que aportan entre un 15 y un 20% a la producción.

-De los 5 kg de proteína animal mensuales per cápita, solo se han alcanzado 438 gramos por habitante en 2022 y en mayo de 2023 descendió a 347 gramos por habitante, por falta de celeridad en la construcción de módulos pecuarios, la dotación de masa básica de las diferentes especies y la producción de alimento animal.

- Es insuficiente la cría de gallinas camperas y semirrústicas en las comunidades rurales y del Plan Turquino, para la producción de huevos y carne con destino al autoabastecimiento familiar.

-Es insuficiente la producción de ganado menor (ovino, caprino y cunícola (conejos), de acuerdo con sus potencialidades en los sistemas agroalimentarios locales.

-El programa porcino aún mantiene niveles de producción muy bajos, siendo las causas fundamentales la poca disponibilidad de alimento animal, provocada por las dificultades con la siembra de maíz, soya, sorgo y girasol; la recogida de palmiche y residuos de cosechas agrícolas e industriales, entre otros, lo que no ha permitido un funcionamiento estable de las plantas de pienso.

-No se avanza en la recuperación de la ganadería vacuna, con un decrecimiento sostenido de la masa. La existencia, al cierre de mayo de 2023, es de 3 439 038 cabezas.

-El modelo de gestión no ha promovido suficientemente la innovación y la difusión de los resultados y el productor como importante actor económico del sistema no ha estado en el centro de atención

-Se comprobó en varios municipios que las estadísticas informadas por las bases productivas en los programas de autoabastecimiento, sobre los planes de siembra, la existencia de cultivos y las libras per cápita, no están en correspondencia con los productos presentes en placitas y puntos de ventas y el nivel de satisfacción de la población.

-Las comunidades pesqueras han iniciado la reorganización de las brigadas de pescadores y la comercialización de los productos, siendo aún insuficientes.

-Deficiente aprovechamiento de las potencialidades del programa de la acuicultura, una de las vías más rápidas para incrementar la producción de proteínas de origen animal, tanto en los centros acuícolas, presas y micropresas como en empresas arroceras y otros productores.

-Es limitada la presencia de directivos que forman parte de la Comisión Municipal SSAN en reuniones de las juntas directivas, asambleas generales de cooperativistas y en las fincas de los productores.

-Es apreciable la pérdida de prácticas comunes en las viviendas rurales, como lo fueron la cría de cerdos, gallinas, chivos, ovejos, conejos y otras aves, así como la siembra de yuca, plátano, frutas y otros cultivos en los patios para el autoconsumo familiar y la comercialización de los excedentes.

-Insuficientes mercados y puntos de ventas gestionados por las formas productivas y las empresas agropecuarias para comercializar directamente sus producciones, lo que permitiría abaratar el precio de venta a la población.

-La contratación a los productores es deficiente, muestra del mal funcionamiento de las empresas y acopiadores, reflejándose las mayores dificultades en las empresas cárnicas y lácteas, quedando producciones sin contratar o subdeclaradas.-Poca utilización de las facilidades creadas para que los acopiadores paguen oportunamente a los productores (créditos de comercialización, pago por factura y otros), así como la bancarización de las operaciones y su potenciación vía digital donde existan las condiciones.

Según el informe presentado a los diputados, al cierre de mayo la deuda con los productores asciende a 49 831 000 pesos. Las provincias con mayores incidencias son Artemisa, con 19 636 000 pesos, y Mayabeque, con 6 755 000, concentrándose en estos territorios el 50% de las deudas.

También están presentes impagos en MLC a los productores.

-En los municipios hay venta ilícita de productos agropecuarios, con precios muy superiores a los establecidos en el territorio, lo que denota deficiente trabajo de los cuerpos de inspectores, incumpliendo lo establecido en las normas vigentes.

-En varias comunidades rurales se comprueba insuficiente atención de los Gobiernos a problemas existentes en la calidad de algunos servicios: viales, vivienda, conectividad, entre otros fundamentales, que influyen en el incremento de la emigración hacia poblados y ciudades.

-Es insuficiente la elaboración de proyectos para la búsqueda de fuentes de financiamiento mediante la colaboración y la inversión extranjera, dirigidas fundamentalmente al incremento de las áreas bajo riego y el desarrollo local.

-La producción de harinas alternativas (para panes, repostería e industrias cárnica, láctea, pesca y conserva) está insuficientemente respaldada por planes de siembra que garanticen las materias primas.

-Dificultades en el uso y explotación de la tierra, así como problemas organizativos, logísticos y falta de agilidad en la gestión de los cuadros, que generan lentitud en el proceso de entrega de tierras ociosas. Al cierre del mes de abril, había 258 388 hectáreas de tierras ociosas pendientes de entrega.

-Creación de capacidades de los miembros de las comisiones y jefes de programas en cuanto a sus responsabilidades en este proceso.

-Continuar capacitando a los diferentes actores a todos los niveles, incluidos los nuevos directivos de los órganos locales del Poder Popular y otros del sistema alimentario local.

-Rendiciones de cuentas de los organismos con responsabilidades en la implementación.

-Despachos con los responsables de los ejes estratégicos para la evaluación del cronograma de implementación.

-Visitas de trabajo y control a los municipios.

-Rendición de cuenta de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y los organismos de la Administración Central del Estado, responsables del sistema de información, para la vigilancia de la implementación de la ley hasta la base.

-Uso y completamiento de la plataforma tecnológica Observatorio para la Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional Con más Ciencia, para la gestión y adopción fundamentada de decisiones.

-Selección de un municipio por provincia que requiera el acompañamiento de la comisión nacional SSAN y los programas nacionales, para impulsar la implementación de la ley, como referencia para el resto de la provincia.

-Impulsar la creación y consolidación de los sistemas empresariales agroindustriales municipales.

El documento presentado en el plenario de la ANPP exhortaa a perfeccionar el control de la contratación y el sistema de información estadístico de productos agropecuarios: porciento que contratan las empresas estatales y la contratación de rubros exportables o que sustituyan importaciones; a controlar el funcionamiento estable del proceso de contratación con énfasis en la responsabilidad de empresas, acopiadores y productores y a exigir el cumplimiento del Decreto 35 sobre la comercialización de productos agropecuarios, el control de la producción y sus destinos, así como el monitoreo de precios y del margen de utilidades.

Se menciona, además, la necesidad de comprobar y potenciar la utilización del crédito de comercialización para el pago directo a los productores por las bases productivas y empresas, perfeccionar el control a los proyectos de colaboración internacional, la inversión extranjera y otros financiamientos del sector alimentario, y potenciar los encadenamientos de los actores de la base productiva con la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.

Es preciso –comentó Tapia Fonseca– priorizar las acciones para atender de forma diferenciada los problemas del campo cubano, la atención a las comunidades agropecuarias y pesqueras, asentamientos rurales y de montaña en el Plan Turquino, por parte de los organismos de la Administración Central del Estado y los órganos locales del Poder Popular.

Es fundamental trabajar en la creación y consolidación de un mercado mayorista de insumos para los productores agropecuarios de todas las formas de gestión, sistematizar el intercambio de los directivos a todos los niveles con productores y bases productivas, fundamentalmente en visitas a las fincas o en asambleas de cooperativistas y desarrollar programas encaminados a la incorporación de mujeres y jóvenes a la producción de alimentos, en especial a nivel de comunidades.

Tapia Fonseca recalcó que la implementación de la Ley SSAN y de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria no han logrado aún el impacto deseado en la producción de alimentos

Los planes anuales de la economía y el inmediato (2024) deben reflejar las potencialidades reales productivas de cada territorio en lo relativo a los procesos de siembra, producción, transformación, contratación y comercialización de alimentos.

Al concluir, Tapia Fonseca recordó la plena vigencia de las palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, quien afirmó en la clausura de la sesión ordinaria de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en 2008:

“Primero dijimos que los frijoles eran tan importante como los cañones, y cuando la situación se agravó, llegamos a afirmar que los frijoles eran más importantes que los cañones. Algo similar le sucede en estos momentos al país”.

“No tenemos más tiempo, no queda otra alternativa que sembrar, sembrar, y sembrar”, concluyó.

TERCERA JORNADA DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

Este sábado, en la última jornada del Primer Período de Sesiones, los diputados analizan la situación actual y perspectivas del sistema energético del país, así como el comportamiento de la economía en el primer semestre del año 2023 y la liquidación del presupuesto de 2022.

Se ratificarán leyes y decretos leyes y se determinarán los territorios que endirán cuenta en diciembre ante la ANPP y los que serán objeto de alta fiscalización.

CUBA TIENE UNA GRADUAL RECUPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTROENERGÉTICO NACIONAL

Durante su informe ante la ANPP, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, presentó la estrategia para la recuperación de la disponibilidad de las capacidades de generación, tanto en motores de la generación distribuida como en las plantas térmicas, con el objetivo de mantener al mínimo las horas de afectación.

Explicó que “el programa diseñado consideró, como línea de trabajo principal, concentrar los mantenimientos a plantas térmicas y motores en el primer semestre del año, implicando afectaciones en este periodo, a fin de llegar al verano con mejores condiciones que el año anterior”.

Además, informó de las acciones planificadas desde el 2022 para mejorar la situación:

1. Recuperar la unidad 6 de la CTE Mariel, dañada como consecuencia del incendio producido en la unidad 7.

“Esta unidad actualmente opera de forma estable y es una de las mejores del sistema”, dijo.

2. El mantenimiento de la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, se planificó y ejecutó con éxito. En el caso de la unidad 6 de la CTE Nuevitas, también fue planificado su mantenimiento pero no ha operado con estabilidad.

4. Se recuperaron 300 MW en los emplazamientos de generación distribuida de Mariel y Moa, que al inicio de su intervención tenían disponible solo 10 MW.

5. Se incorporó potencia adicional en la generación móvil conocida popularmente como las patanas, en la zona oriental.

6.El incremento de la generación en Energas a más de 300 MW, a partir de la terminación de dos pozos de gas, ha permitido incrementar la producción en más de 400 000 metros cúbicos diarios.

Sobre este último destacó que ha sido de los logros más importantes de este período y que se evalúa la perforación de un tercer pozo.

Además, explicó que la recuperación de potencia en el sistema energético "se traduce en una disminución en las afectaciones a partir de mayo, un 35% menos que en igual mes del año anterior. Las afectaciones de junio fueron el 62% de lo afectado en 2022”.

Asimismo, comentó que el proceso no está ajeno a las dificultades.En medio de este proceso de recuperación el sistema no estuvo exento de incidentes y errores, entre ellos, los incendios bajo las líneas de transmisión, las malas operaciones y cálculos que implicaron la desconexión total del sistema nacional cuatro veces en menos de 10 días.

Informó que en correspondencia con lo pactado en contratos, se retiraron dos patanas, lo cual implicó la pérdida de 170 MW. Sobre la disponibilidad de los grupos electrógenos de diésel comentó que hay una menor debido a la falta de financiamiento para la ejecución de los mantenimientos y reparaciones oportunas.

Por otra parte, explicó ante la ANPP que en el despacho nacional de carga se recalcularon los límites de transferencia de las líneas de transmisión con el objetivo de proteger el sistema electroenergético nacional de imprevistos como los que provocaron la caída total del sistema eléctrico.

También informó que se ha detectado un aumento del consumo eléctrico en el sector residencial y privado no residencial. 

Como causas en el aumento del consumo eléctrico entre 2020 y 2023, se identifican:

-La inestabilidad en el suministro de gas licuado del petróleo (GLP) y disponibilidad de cilindros.

-Mayor uso de equipos eléctricos para la cocción de alimentos, algunos de ellos artesanales e ineficientes.

-La introducción de equipos electrodomésticos y el efecto de una demanda reprimida, sobre todo en el sector industrial.

Sobre el uso de las fuentes renovables de energía, el ministro señaló que se generan con estas fuentes unos 333 MW. Esto tiene un impacto sobre todo en el horario del mediodía y generan generan diariamente 1 450 MWh como promedio, lo cual equivale al consumo de 300 000 viviendas. El ahorro promedio se estima en 250 toneladas de diésel cada día.

 

ECONOMÍA CUBANA, RETOS Y SITUACIÓN ACTUAL

Posteriormente, el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, presentó a la ANPP el cierre oficial de la economía en el año 2022 y el comportamiento en los primeros meses de 2023.

Informó que aunque la proyección era lograr un crecimiento en el entorno del 4%, solo se alcanzó un 1.8%. “La caída es mucho más acentuada que la recuperación”, dijo, y añadió que “el PIB por sectores refleja una recuperación asimétrica”. Entre las actividades de mayor crecimiento, mencionó el turismo, el transporte, las comunicaciones y los sectores sociales de la educación, cultura y deportes.

“Cada vez que hablamos de crecimiento, tenemos que tener en cuenta que partimos de un período previo donde casi estábamos paralizados”, recordó Gil al referirse a los tiempos de pandemia.

Además, comentó que se recuperado poco a poco las actividades sociales, la salud, la educación, la cultura y el deporte, pero prácticamente ninguna de las actividades productivas, las más necesarias en materia económica, han tenido crecimiento. 

En cuanto las exportaciones,  informó que “no se alcanzan los ingresos previstos por las exportaciones de níquel, azúcar, miel y carbón vegetal. Mejores resultados obtienen el tabaco, el ron, los productos del mar y los biofarmacéuticos”.

Por último, al referirse al turismo, destacó que se han registrado hasta la fecha unos 1.3  millones de visitantes, el 80% de lo previsto en el plan. Esa cifra es solo el 51.1% de la registrada en igual etapa de 2019, previamente a la pandemia.

“Se debe avanzar con celeridad en la recuperación del sector turístico, que fue duramente afectado por la pandemia”, concluyó.

ADELANTOS DE LA AGENDA PARLAMENTARIA PARA DICIEMBRE

Durante la sesión vespertina de su última jornada de trabajo, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaron que los gobiernos provinciales de Cienfuegos y Las Tunas, así como el Ministerio de Industria, en su condición de Organismo de la Administración Central del Estado, rindan cuenta al Parlamento en el segundo período Ordinario de la X Legislatura, previsto para diciembre de 2023.

De ambos territorios se evaluará el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de la Economía y la Ley de Presupuesto del Estado, en particular, lo referido al comportamiento de los servicios básicos a la población, entre ellos Salud, Educación, Transporte y Recursos Hidráulicos.

También se examinarán los resultados de la Implementación de la Estrategia Económica Social, en áreas como la producción y comercialización de alimentos; el programa de construcción de viviendas y la producción local de materiales; el perfeccionamiento de la actividad de comercio interior y el programa de prevención social y atención a las vulnerabilidades.

Asimismo,  se analizará la marcha de las Estrategias de Desarrollo Municipal,  la aplicación de la ciencia y la innovación en todas las esferas, y la atención a planteamientos, quejas y peticiones de la población, así como otras formas de participación y control popular.

De igual forma, se examinará el cumplimiento de las directivas para el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales y las acciones  para el perfeccionamiento del sistema del Poder Popular.

Los diputados aprobaron también  el ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Agricultura. Este proceso será dirigido por la Comisión Agroalimentaria, y en él tomarán parte también las Comisiones de Asuntos Económicos, Industria, Construcciones y Energía, y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El período de control abarcará los resultados del año 2022 y el primer semestre de 2023.

La más alta fiscalización estará dirigida a evaluar la aplicación de la Estrategia Económico-Social actualizada, en particular, las 19 medidas que corresponden al sector.

Especial atención se prestará al control sobre la posesión y uso de la tierra, la implementación de la norma jurídica 148/2022, “Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional” y el Decreto 35/2021 “Sobre la Comercialización de las Producciones Agropecuarias. Pagos a los productores”.

También se comprobarán las acciones desarrolladas para revalorizar la ruralidad en el país, priorizando las comunidades del Plan Turquino.

El Parlamento ratificó además los Decretos-leyes y Acuerdos aprobados por el Consejo de Estado en el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2022 y el 18 de abril de 2023, correspondientes a la Novena Legislatura; así como los aprobados en la Décima Legislatura entre el 19 de abril y el 30 de junio del año en curso.