Manejar y trabajar legalmente

Muchos años han transcurrido desde que en Cuba a los choferes dedicados a trasladar pasajeros les llaman boteros y a los que ejercen ilegalmente esa labor los denominan piratas, pero ambos tienen de común que si no cumplen el Código de Tránsito, pueden provocar accidentes.

Tanto para uno u otro tipo de transportistas, trabajan los buquenques, que hoy con amabilidad son llamados gestores de pasaje, que gastan y trabajan menos pero ganan más.  En tiempos atrás recibían algún dinerito como agradecimiento de los choferes (no los pasajeros).

Tanto los dueños o conductores de un cacharrito como los de un carro “nuevo de paquete” o “como de fábrica”, “acabadito de sacar de la agencia”, han estado respaldados por una red de mecánicos y suministradores de combustible, cuyos principales abastecimientos provienen ilegalmente de entidades estatales.

Por su parte, el Ministerio de Transporte ha estado adquiriendo un parque de vehículos que a duras penas puede reponer, aunque estén en condiciones de baja técnica. Mientras tanto, además de los equipos ligeros, va en aumento la incorporación a este servicio de vehículos de carga adaptados de cualquier manera para trasladar personas, motonetas modificadas, bicitaxis y equipos de tracción animal.

Quizás en ninguna otra actividad como esta sea tan visible, a partir de 1959, la cantidad de cambios tecnológicos de equipos, que a partir de ese año, quedaron sin piezas de repuesto ni posibilidades de renovación debido a la negativa que dura hasta hoy, de venderle a Cuba.

A partir de ese momento, de muchas marcas y diversos proveedores son los vehículos automotores adquiridos por el país, donde la red de talleres y aseguramientos de partes y piezas han ido escaseando, junto al personal calificado en reparación y mantenimiento, sin disponer tampoco de herramientas y medios apropiados para esa faena.

Al ir colapsando esa infraestructura, también los componentes de los equipos con baja técnica fueron pasando a formar parte de los carros privados, gracias a la ingeniosidad de los mecánicos que abandonaron sus puestos de trabajo para realizar labores altamente remuneradas en el sector no estatal.

Estos y otros hechos pueden ser vistos de manera pesimista, optimista o humorísticamente, pero no de modo indiferente, pues nadie escapa a la necesidad de desplazarse de un lugar a otro, ya sea en equipos propios o no.

La transportación ocurre dentro de un contexto al igual que las opiniones sobre el asunto, pues todo se va transformando, independientemente de nuestros deseos que, dicho sea de paso, a veces nos juegan una mala pasada al distorsionar la realidad.

Además de la subida de los precios y las medidas gubernamentales para frenarlos y defender a los clientes, sería acertado tomar en cuenta y agradecer que el transporte no estatal resolvió un tercio de las posibilidades para viajar al comenzar el segundo milenio, y 15 años después, esos medios asumían un equivalente al 77 por ciento de lo transportado por ómnibus.

Mucho antes que en La Habana  en rutas como las de Santa Clara a Sancti Spíritus pasando por Placetas, o de Sancti Spíritus a Ciego de Ávila con cruce por Jatibonico  se cobraba por tramos, lo cual hizo subir el precio hasta la suma de 20 pesos por persona.

Una avalancha de criterios  surgió  a partir del 14 de julio, cuando se informaron medidas cuyo incumplimiento sería considerado una falta grave que podría implicar hasta el retiro del permiso operativo a los transportistas.

Quienes cifran la esperanza que la base social de la restauración del capitalismo en Cuba sea predominantemente de trabajadores no estatales, lanzaron calificativos como “cacería de las autoridades contra los choferes privados” y aportaron como prueba las 18 primeras licencias retiradas, pero sin decir el porqué de la suspensión ni todas las acciones previas y el tiempo dado para resolver las irregularidades.

También arremetieron contra los inspectores, sobre todo en el servicio telefónico abierto las 24 horas para recibir denuncias de los clientes, y nada mencionaron (si lo hicieron, fue en muy contadas ocasiones y escasa visibilidad) de que se trataba de una protección al consumidor, acción común en cualquier lugar del mundo sin importar su sistema social.

Igualmente, no faltaron personajillos que en las redes sociales abrieron fuego contra lo que consideraron de medidas para frustrar el trabajo, que puede llamársele por cuenta propia, privado o no estatal.

En un asunto de tanta sensibilidad popular por sus implicaciones y alcance, existen numerosas oportunidades para causar confusiones y crear un ambiente de caos  cuando falta información  o existen decisiones que no han logrado resolver el problema por completo y desarreglan una cosa por solucionar otra.

La aprobación de un conjunto de actividades para cuentapropistas trajo los beneficios de legalizar prestaciones de servicio que ya se realizaban, pero nació lastrada por la falta de un mercado mayorista así como de insuficientes mecanismos de control y de  un sistema tributario, que en el caso cubano, dista de estar a la altura requerida.

Solo  la elaboración y venta de alimentos supera en cantidad a los cuentapropistas dedicados al transporte de cargas y pasajeros, una actividad en la cual se debe conducir de acuerdo con el Código del Tránsito.

 Se deben cumplir leyes, normas y reglamentaciones para que sean competentes y sirvan eficientemente a la sociedad, tal y como quiere el Estado, que en este caso, aplica medidas de regulación de precios y otras funciones para que, con sus aciertos y retos, las formas de gestión no estatal (trabajo por cuenta propia) sean un recurso válido y más que necesario para el desarrollo sostenible de la economía nacional.