Carta Magna chilena sufre parálisis

Para el presidente de Chile, Gabriel Boric, es una cuestión de honor que su país, dominado por una poderosa oligarquía, cuente con una nueva Constitución Nacional que permita revertir los privilegios de una clase minoritaria en continua batalla contra una población que exige cambios estructurales en la sociedad.

Boric, 36 años, quien fuera dirigente juvenil durante las protestas públicas del 2011, en el primer mandato del conservador Sebastián Piñera, también estuvo presente en las discusiones con ese mandatario cuando trató de apaciguar la protesta popular en 2019 en un diálogo nacional partidista, en su segundo gobierno.

Entonces, y ante la presión de los partidos progresistas, el saliente Piñera se vio obligado a crear una Convención Constituyente, cuyos miembros fueron electos en las urnas, sin que mediara la intervención de agrupaciones políticas. Su régimen neoliberal en la práctica se despreocupó del trabajo de los constituyentes, a los que puso trabas materiales y ataques mediáticos de parte de la rancia derecha chilena.

En tanto, y en un viraje de 180 grados, el exlíder estudiantil, considerado progresista, resultó electo por abrumadora mayoría a fines de 2021 cuando se enfrentó en las urnas al candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, quien ahora es una de las figuras opositoras de mayor relevancia en Chile.

Es en ese contexto que Boric hereda, en marzo de este año cuando asumió el cargo, los momentos finales de la redacción de lo que sería la nueva Constitución que alejaría para siempre la herencia dejada por el general traidor Augusto Pinochet (1973-1990), bajo cuyo mando apareció el documento rector de 1990.

El presidente ha tenido que enfrentar en su aun joven gobierno varios momentos álgidos; desde enfrentamientos con el pueblo mapuche en la región de la Araucanía donde fue muy criticado por el uso de la fuerza, cambios ministeriales, protestas en las calles, hasta lo que muchos consideran su fracaso –que no lo es como tal- que fue el rechazo de la población a la Carta Magna redactada por la Convención Constituyente, integrada en su mayoría personas inexpertas, que cometieron hasta errores éticos en el desempeño de sus funciones.

El pasado 4 de septiembre, la negativa de la población a un documento rector incompleto era esperada, porque además de sus eventuales equívocos, posiblemente cambiables, la derecha trabajó arduamente para que ello ocurriera. Pero en momento alguno significó que cesara la exigencia ciudadana de dotar al país de una Constitución sustituta de la escrita por un equipo de Pinochet. En la boleta solo aparecía Sí o No, nunca una tercera opción para cambiar determinados artículos.

Ello significaba para el inexperto mandatario empezar casi de cero. Lo que sí quedó claro, y aunque como Estado era responsable de los resultados de aceptación o no del trabajo de la Convención Constituyente, era que su gobierno debía responsabilizarse con lo que pasaría desde ese momento hasta que Chile y su pueblo tengan el alma limpia, protegidos por una Carta Magna acorde a las necesidades del momento y el futuro.

DIFICULTADES PARA BORIC

Boric ha tenido dificultades para gobernar en estos primeros meses de su gestión, como representante de la alianza Apruebo Dignidad, integrada por agrupaciones progresistas y de izquierdas.

El mandatario tiene grandes compromisos políticos que cumplir, suscritos en su campaña electoral. Es consciente de que tiene una deuda histórica con la juventud de su país, en especial, que siempre ha dudado del partidismo, pero no de sus fuerzas. Boric debe evitar los errores que puede cometer un gabinete integrado por personas sin la suficiente experiencia para de un plumazo desmontar la maquinaria derechista que sigue controlando sectores y la media hegemónica, y entre los temas pendientes aparecen la suspensión del cuerpo de Carabineros y la liberación de los presos políticos heredados de Piñera desde hace tres años.

Hace más de dos meses que comenzaron las conversaciones entre partidos políticos hacia la nueva Constitución, pero el proceso está estancado debido a las diferencias entre esos grupos, de distintas tendencias, y los obstáculos que de continuo pone la derecha reconocida como el peor enemigo del gobierno.

La división partidista en Chile es histórica. A pocos meses de cumplirse 50 años del golpe de Estado militar contra el legítimo presidente socialista Salvador Allende, y sin que al parecer hayan aprendido la lección dejada por la falta de unidad interna de su gobierno, las agrupaciones políticas representadas en el Congreso Nacional aun debaten la composición del nuevo órgano encargado de redactar la segunda propuesta de Carta Magna.

Los organismos de izquierda y de centro consideran que el nuevo ente redactor debe estar integrado por 100 miembros elegidos por la ciudadanía. La derecha, en cambio, apuesta por uno de solo 50, escogidos, además, por una fórmula del Senado.

De hecho, desde 2021 la Cámara Alta, está dominada por las fuerzas hegemónicas de Chile Podemos Más y Nuevo Pacto Social, coaliciones que mantienen superioridad numérica. El partido oficialista de entonces, Renovación Nacional, pasó de 19 a 24 senadores. El bloque de centroizquierda disminuyó su representación de 20 a 17 legisladores.

Para Marco Velvarde, presidente del partido Comunes, surgido en 2019 de la fusión del Poder Ciudadano (Poder) y la Izquierda Autónoma (IA), mientras más reducida sea la cantidad de elegidos, menos específico será el organismo redactor, el cual, apreció, debe reflejar los intereses de los distintos grupos sociales.

El líder del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier afirmó que asuntos elementales que no debían ser dudosos, como si hay cupos para pueblos indígenas, están en la agenda de los senadores que solo atrasan el proceso.

¨El proyecto está estancado por una derecha dura que quiere ganarlas todas¨ declaró Teillier, en entrevista al periódico El Siglo.

El Congreso asumió las riendas de la constituyente, con la bendición presidencial, tras el rechazo en el plebiscito, pero las diferencias partidistas incluso dieron lugar a denuncias sobre las intenciones conservadoras de  secuestrar el proceso.

Miembros del Partido de la Gente, Republicanos, Independientes y de la Democracia Cristiana decidieron crear una mesa paralela, tras alegar una supuesta exclusión del debate, en tanto el ultraderechista Partido Republicano liderado por Kast anunció su desacuerdo con la creación de una Convención Constitucional encargada de redactar la carta magna.

Esa agrupación política defiende la ley fundamental de 1980 y en el plebiscito encabezó la opción del Rechazo.

Boric sabe que detener el paso puede constituir una bomba de tiempo para la estabilidad nacional, ya que los chilenos han demostrado que, aunque sus dirigentes políticos no fácilmente se ponen de acuerdo, no es preciso contar con ellos para tomar las calles de nuevo.

Las protestas del 2019, interrumpidas por la aparición de la COVID-19, surgieron de manera espontánea, sin mediación partidista, y sin una cabeza visible. Sin embargo, durante meses miles de personas estuvieron en las calles día y noche, protestando contra el régimen neoliberal de Piñera y exigiendo un cambio constitucional.

Boric alertó que ¨en la próxima crisis, que de seguro va a haber, será muy difícil convencer a la ciudadanía de que la política se va a poner de acuerdo y vamos a cambiar la Carta Magna¨

DE NUEVO A LA LUCHA

El mandatario chileno culminó este día 25 una visita de tres días a México, donde sostuvo una reunión con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la necesidad de unidad en la región, exigió la libertad de los que calificó de ¨presos políticos¨ en Nicaragua –en realidad terroristas que trataron de derrocar al gobierno legitimo de Daniel Ortega en 2018- en una pública intromisión de los asuntos internos en ese país.

Sin embargo, no se pronunció sobre los más de 400 detenidos por el cuerpo de Carabineros durante la represión de los manifestantes de 2019, quienes ni siquiera fueron enjuiciados aún, en lo que muchos consideran una violación de los derechos humanos, al igual que él hizo contra los mapuches en fecha reciente.

Boric viajó a México para participar en la reunión de jefes de Estado de la Alianza del Pacífico, suspendida por decisión de López Obrador, luego que el Congreso Nacional de Perú, en un evidente secuestro del mandatario Pedro Castillo, le prohibió –y es la segunda vez- que viajara al exterior.

A su retorno a Santiago, el mandatario enfrentará la huelga que desde el pasado lunes mantienen los camioneros en su país, en protesta por el alza del precio de los combustibles y por la inseguridad en las carreteras.  

Tras infructuosas reuniones, la vicepresidenta Carolina Tohá anunció que el gobierno no tolerará casos como ese, y decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado que aborda el delito de atentado contra la normalidad de las actividades nacionales.

Se espera que en las próximas horas, y tras el arribo del mandatario, haya algún entendimiento en esta nueva crisis.