La segunda Marcha Universitaria -desde el inicio de la gestión de Javier Milei- convocada para este miércoles 2 de octubre en todo el país, se presenta nuevamente como una iniciativa que moviliza a la sociedad argentina en general, especialmente en un contexto de profundización del ajuste.
La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales no sólo amenaza su funcionamiento, sino que también forma parte de una estrategia más amplia que busca mercantilizar la educación y disciplinar el pensamiento crítico. En este contexto, el papel de la universidad pública como un espacio de inclusión, producción de conocimiento y justicia social es clave para entender la importancia de esta nueva movilización.
El debate sobre el financiamiento de las universidades públicas refleja la tensión entre los intereses populares y las políticas de ataque a las clases trabajadoras del actual gobierno, quien recientemente anunció que vetará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Esta ley buscaba actualizar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales, garantizando su funcionamiento y los salarios de docentes y no docentes en función de la inflación, un problema que ha afectado profundamente a les trabajadores en general.
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La oferta salarial del 5,8% que el gobierno recientemente presentó a los gremios en la antesala de la marcha ha sido rechazada por insuficiente, especialmente cuando se contrasta con los índices de pobreza y la inflación, que sitúan al 85% de los docentes y trabajadores universitarios bajo la línea de pobreza (CONADU, 2024). En este sentido, la lucha universitaria se entrelaza con otras luchas del sector laboral, que también enfrentan las consecuencias de la flexibilización y la precarización del trabajo, que se agudizarán con la reglamentación de la Reforma Laboral anunciada por Federio Sturzzenegger.
Ello se suma a la decisión del gobierno de suspender el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente clave del salario docente, y ha paralizado las negociaciones de la Paritaria Nacional Docente.
Además, el gobierno ha impulsado la declaración de la educación como servicio esencial, lo que restringiría el derecho a huelga de los trabajadores del sector, en una clara violación de la Constitución Nacional. Esta medida se inscribe en una política de disciplinamiento social que busca limitar la capacidad de protesta y organización de los sectores que se oponen al ajuste.
El ataque a la educación pública no es un fenómeno aislado. En un contexto global de ofensiva neoliberal y neofascista, la universidad se ha convertido en un campo de disputa ideológica. Desde sectores cercanos al gobierno de Milei, se acusa a las universidades de ser centros de adoctrinamiento ideológico, una narrativa que refuerza la ofensiva contra el sistema educativo público y alienta su privatización.
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El gobierno de Javier Milei ha dejado clara su intención de avanzar en este sentido, promoviendo un modelo basado en la demanda mediante la implementación de vales y créditos educativos. Los hijos de la canciller Diana Mondino, Francisco y Simón Pendas, forman parte del directorio del Banco Roela, que ya opera en universidades privadas (y algunas públicas, mediante la plataforma de pago de posgrados) y busca expandirse a las públicas mediante el arancelamiento y el negocio de los préstamos estudiantiles.
Negocio más que apetecible, considerando que el 80% de les estudiantes en Argentina eligen estudiar en universidades públicas. Este sistema, que beneficia directamente a bancos y aseguradoras, ya ha demostrado sus efectos en Chile, donde el modelo, heredado de la dictadura de Pinochet, ha endeudado masivamente a las familias y generado una profunda desigualdad.
En Argentina, la propuesta de avanzar con créditos plantea un escenario similar: la educación se convertiría en un negocio rentable para unos pocos, mientras millones de estudiantes quedan excluides por no poder afrontar las deudas impuestas para acceder a la universidad. Al igual que en Chile, la retórica oficial justifica esta medida en la crisis presupuestaria creada por el propio gobierno, consolidando la educación como un servicio financiero que subordina el derecho a estudiar a la capacidad de endeudarse.
El accionar del gobierno forma parte de una ofensiva más amplia contra los derechos sociales conquistados en las últimas décadas. El ataque a la universidad pública forma parte de la agenda neoliberal de ajuste y reforma del Estado, que busca la mercantilización de todas las áreas de la vida y el disciplinamiento social (Socolovsky, 30 de julio de 2024).
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Este conflicto trasciende lo económico, tocando fibras sensibles de la identidad argentina, como los derechos humanos, la justicia social y la defensa de la soberanía. La universidad pública en Argentina ha sido históricamente un baluarte del conocimiento crítico y del desarrollo científico-tecnológico. Con un presupuesto adecuado, las universidades no solo garantizan una formación de calidad, sino que también son un motor de producción de conocimiento y de avance científico en áreas cruciales para el país.
La marcha del 2 de octubre es la expresión de una resistencia amplia y heterogénea contra el programa de ajuste, empobrecimiento y quita de derechos de la sociedad argentina en general. Al igual que ocurrió con la marcha del 23 de abril, que movilizó a miles de personas en todo el país, esta nueva convocatoria reúne a sindicatos, organizaciones estudiantiles, feministas, culturales, científicas, de jubilades, movimientos sociales y comunidad en general en defensa de la universidad pública.
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En conclusión, la marcha del 2 de octubre no sólo pone de manifiesto la defensa de la universidad pública, sino que representa un reclamo más amplio por la justicia social en un país donde el ajuste y las políticas de recorte económico afectan a las clases trabajadoras de manera directa. La calle volverá a ser escenario de una disputa fundamental por el futuro del pueblo argentino.
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