Catalejo para el desarrollo de la nación

Cuestiones de alta sensibilidad social e impacto económico en el complejo escenario que vive la nación analizan los grupos permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), como antesala al VII Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de este órgano. Según destacó este lunes el miembro del Buró Político del Partido, Marino Murillo, un complejo escenario que impacta en los ingresos del país marca el comportamiento de la economía en el primer semestre de este año.

Sin embargo, el también vicepresidente del Consejo de Ministros reconoció que se evitarán, a toda costa, los apagones a la población y continuará el respaldo a los servicios vitales; así como también el equilibrio monetario interno y lo que eso implica en la circulación mercantil minorista, los programas inversionistas de los sectores estratégicos, los esquemas con capacidad exportadora y la determinación de mantener las medidas implementadas para aumentar la capacidad de compra del peso cubano.

Al intervenir en la Comisión de Asuntos Económicos mencionó, entre las dificultades que nos llevan a ese complejo escenario económico, la poca liquidez a causa de la caída de los precios del petróleo y del níquel en el mercado internacional, por debajo de lo previsto, los incumplimientos de la producción azucarera y de los ingresos previstos en el plan; todo lo cual impidió honrar cartas de créditos al cierre del pasado año.

Por ello, el titular de Economía y Planificación ponderó la necesidad de potenciar el ahorro de los gastos líquidos al máximo de las posibilidades, y llamó al uso estricto y más eficiente de los portadores energéticos, coyuntura que exige un riguroso ahorro y un uso eficiente de la energía. Sobre el programa inversionista resaltó que se respaldarán aquellas obras vinculadas con el desarrollo futuro del país.

La importancia de que en los centros laborales y en la vida cotidiana se controlen los recursos del Estado para evitar manifestaciones de corrupción fue el llamado que hizo Gladys Bejerano Portela, contralora General de la República, al intervenir en la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del parlamento, donde se informó sobre la marcha del cumplimiento del plan de medidas derivado de la rendición de cuentas de su institución a la ANPP.

“En este informe podemos constatar que la corrupción sigue con sus mismas tendencias, y el hecho puede ser más o menos complejo, pero lleva siempre intrínseca dos condiciones: la conducta y la ejemplaridad. Hay que mirar la ejemplaridad de la gente que administra recursos, y todo esto lo audita el pueblo, el barrio, los trabajadores; y nosotros a veces no los oímos, y ahí vienen las denuncias, los anónimos”, afirmó.

Hoy la Contraloría tiene presencia en todas las provincias y están constituidas 18 de las 25 secciones previstas que operan en varios municipios a la vez, todas como parte de un sistema único. No obstante, como se ha reiterado en otros espacios y también destacó ahora Bejarano Portela, contra el mejor funcionamiento conspira el nocivo impacto del bajo completamiento de la plantilla y la estabilidad de su personal, sobre todo en La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila.

Un trabajo arduo en su misión ha sido el control de los temas referidos a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido y actualizados en el VII. Se han identificado y señalado al Gobierno, a la Comisión de Implementación de los Lineamientos y a los Ministerios, las deficiencias más repetitivas detectadas en las acciones de control, y se insiste en reforzar la prevención.

Otro de los temas analizados este lunes fue la transportación de pasajeros, uno de los que genera más insatisfacciones de la población. Debatido en la Comisión de Atención a los Servicios. Se destacó que entre los factores objetivos y subjetivos que atentan contra la calidad del servicio están las violaciones de itinerarios, incumplimiento del horario de salida y arribo, insuficiente higiene en ómnibus y trenes, y la no correspondencia entre precio y calidad del servicio.

También se encuentran las manifestaciones de corrupción en la venta de pasajes por vía aérea, marítima, férrea y por ómnibus en algunas terminales; irregularidades en los llamados “somatón”, la no utilización sistemática del GPS, la apropiación indebida de efectivo como consecuencia del incumplimiento de las regulaciones para la transportación de pasajeros, el irrespeto a las señales del tránsito, incongruencias en el actuar de algunos inspectores y la deficiente calidad en la reparación de las vías.

Otras dificultades fueron apuntadas por Eduardo Rodríguez Dávila, viceministro de Transporte, quien reconoció que las deficiencias más planteadas son la falta de confort, la ausencia de información a los pasajeros, las discrepancias entre el precio del pasaje y el servicio, la sobrexplotación de los equipos y la limpieza en los medios.

Al referirse a las nuevas formas de gestión advirtió que la llamada oferta y demanda generó un alza de los precios, lo cual clama por regulaciones legales que eviten la evasión fiscal, el desvío de recursos y combustibles y el abuso contra los ciudadanos. Adel Yzquierdo, ministro de Transporte, refirió que algunos transportistas privados son implacables con el pueblo, cobran precios exorbitantes y eso hay que regularlo.

JÓVENES, VIVIENDA, SUBSIDIOS…

Teniendo en cuenta la trascendencia que constituye la fuerza juvenil trabajadora, así como la participación de la mujer en el mundo laboral cubano, resulta vital que exista una diferenciación en sus condiciones de trabajo, con una prioridad en la atención cotidiana a jóvenes y mujeres en los diferentes espacios donde se desarrollan.

Esa fue una de las principales consideraciones de las visitas de control y fiscalización a la aplicación de la Ley N.^o 116 del Código de Trabajo en los capítulos IV y V dedicados a las protección a la trabajadora y a los jóvenes de 15 hasta 18 años, cuyos resultados se presentaron en la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de los Derechos de la Mujer.

Y es que de los 4,8 millones de personas que están ocupadas en la economía nacional, el 32 % son jóvenes y el 37 % mujeres, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información al cierre del 2015. Por ello, Marta Elena Feitó, viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destacó la importancia de continuar profundizando en la aplicación de los capítulos de la legislación laboral.

Según el informe presentado, son pocos los jóvenes de entre 15 y 16 años que acceden a esta opción excepcional para incorporarse al trabajo, y en todos los casos se exige la autorización de los padres, tal como está establecido. Sin embargo, aquellos que llevan a cabo sus primeros vínculos laborales, en su mayoría conocen poco sus derechos y deberes, más allá de lo que se les exige en sus centros de trabajo.

En el caso de la situación de las mujeres, se enfatiza que no existen, en muchos de los locales visitados, condiciones idóneas en los espacios habilitados para la lactancia materna, y en los Convenios Colectivos de Trabajo no se diferencia la atención a la mujer trabajadora. Asimismo, persiste el desconocimiento de lo legislado en cuanto a los asuntos vinculados a la licencia de maternidad, cuando se trata del sector no estatal.

Otros reportes de prensa sobre el trabajo de las comisiones de este lunes señalan que unas 2 207 viviendas fueron terminadas en Cuba al cierre de mayo del presente año, lo que representa el 88 % de cumplimiento de lo planeado para ese período, según informó Vivian Rodríguez, funcionaria de la Dirección General de la Vivienda, a los integrantes de la comisión de Industria, Construcción y Energía.

Al revisar los resultados del control y la fiscalización del programa de la vivienda en el país, la funcionaria subrayó que, no obstante, ese programa experimenta atrasos, pues debían haberse concluido unas 2 505 viviendas por organismos estatales en el período señalado. Apuntó que los retrocesos se debieron fundamentalmente a la baja productividad, deficiencias en la organización de las obras y la falta de secuencia constructiva en correspondencia con los fondos existentes para las ejecuciones.

En el informe de esta comisión sobresale que se consolida el programa de producción de materiales, existe prioridad y protección a los subsidios y se ha ido incrementando el financiamiento para tal fin. Además, enfatiza en que se ha logrado la atención integral al programa, tanto en los inmuebles construidos por esfuerzo propio como en los estatales. Se garantizan, para los planes aprobados, los suministros de insumos necesarios y la distribución de solares ha apoyado el desarrollo del programa, apunta el texto.

Sin embargo, aclara que es insuficiente el número de viviendas terminadas respecto a las necesidades de la población. Se significó, además, que todavía son caros los productos en las tiendas de materiales, lo que imposibilita la construcción por esfuerzo propio más allá de los subsidios. En cuanto al control de los recursos, “no siempre se refleja con claridad en el contrato con los subsidiados que el financiamiento es para una célula básica, muchos amplían la vivienda y ello incide en retrasos en la terminación”.

Los parlamentarios también revisaron el estado de los subsidios a la población para la construcción de células básicas habitacionales y acciones de rehabilitación integral. Hasta la fecha se han aprobado 83 777 subsidios, que dan solución al 34 % de las personas damnificadas por desastres naturales, y de los cuales se han ejecutado poco más de la mitad de las acciones constructivas.

No hay dudas de que los registros del Estado Civil y las Notarías son fundamentales en cualquier sociedad. Por ello, en la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos se habló de buscar la conectividad entre los registros e informatizar el sistema,pero siempre teniendo en cuenta que detrás de una computadora estará un ser humano que debe exigir calidad a su desempeño.

Arleidy Rodríguez, directora de Registros Públicos, señaló que se mantienen muchas de las dificultades señaladas, como el deterioro de los libros de registros, las malas condiciones de trabajo y materiales, la poca conectividad, la deficiente calificación profesional de los registradores, expedición manual de los documentos, así como la excesiva demanda de certificaciones.

María Esther Reus, ministra de Justicia, fundamentó que se precisa capacitar más a los operadores del Derecho y los funcionarios, con tal de que no exijan documentación innecesaria. La única manera de ayudar a la población es fiscalizar las instituciones que aún incumplen lo establecido en este tema, insistió, y reconoció que la solución no es mejorar los libros, sino apuntar cada vez más a un futuro de informatización y una base de datos única.

En tal sentido dijo quela informatización es un elemento que elimina errores y hace la búsqueda expedita, pues al estar conectados en red, al existir un sitio donde las entidades autorizadas puedan entrar y buscar los datos que se precisa, no serán necesarios tantos papeles. Bastará con introducir el número de identidad y se accederá a la información de cualquier ciudadano.

Los análisis en las diferentes comisiones evidenciaron las reflexiones del miembro del Buró Político del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, cuando puntualizó que existen aún muchas reservas y potencialidades en nuestras empresas y organizaciones laborales en materia de ahorro, control y empleo eficiente de los recursos y las tecnologías. Por ello llamó a potenciar el trabajo de los dirigentes en función del control y un mejor uso de lo que tenemos con mayor productividad, organización y exigencia desde la responsabilidad de cada quien.